Nueva agresión a periodista en Puebla
Funcionario de la Segob atacó a una mujer; ya está libre bajo fianza
Óscar de la Vega Torres, uno de los principales colaboradores del secretario de Gobernación estatal, Javier López Zavala, quedó libre luego de haber pagado una fianza de casi 6 mil 500 pesos ante el Ministerio Público, después de que fue detenido por haber agredido a su ex pareja, quien es reportera en un diario local.
La mañana del sábado 24 de febrero, De la Vega Torres ingresó al domicilio de la víctima y la atacó porque ella salió la noche anterior a divertirse con un grupo de amigos. El funcionario, quien presentó segundo grado de alcoholismo en las pruebas periciales que se le hicieron en la representación social, intentó huir después de los hechos, pero familiares de la agraviada se lo impidieron.
Nota completaEtiquetas: agresiones a periodistas, Gober Precioso, Puebla
Retomarán legisladores debate sobre servicio público de carrera
Tania Damián Jiménez
Luego de dejar el servicio público o incluso cuando todavía cobran su sueldo al erario, algunos personajes toman decisiones que no se ven bien ante la sociedad; aunque aún sin consecuencias legales. A nivel nacional: el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue contratado como asesor de varias firmas trasnacionales; el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ya trabaja para el banco HSBC y el ex senador panista Diego Fernández de Cevallos defendía a varias empresas al mismo tiempo que se desempeñaba como legislador.
En el ámbito estatal también hay casos: el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario Riestra Venegas, asesoró a una empresa privada al terminar su periodo; Antonio Zarain García, cuando encabezaba la Sedeco, cerró su empresa Segusino a espaldas de sus empleados; José Doger Corte y Enrique Agüera Ibáñez abrieron escuelas de educación superior incorporadas a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuando formaban parte de la administración central de la máxima casa de estudios. Hay ejemplos de todos tamaños. En este sexenio, la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Gerardo Fernández Sánchez, vende agua de su empresa Fersan al Congreso local y a la Sedecap, y si bien no es un delito, ni siquiera una falta administrativa, la gente sospecharía de la transparencia en la transacción tan sólo por tratarse de un funcionario.
Un capítulo aparte merecen las notarías repartidas a finales de cada sexenio. Las muestras pueden encontrarse tan sólo con leer los nombres en la Sección Amarilla: Carlos Palafox Vázquez, Carlos Meza Viveros, Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres, Héctor Jiménez y Meneses…
Urge análisisAl respecto, diputados locales de distintos partidos coincidieron en la urgencia de revisar las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Obra Pública, de Adquisiciones y de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de evitar el tráfico de influencias, así como el uso de información estratégica para favorecer a particulares.
Según la investigación de Síntesis, hay varios huecos en las normas. En la Ley de Responsabilidades hace falta mayor difusión sobre lo que pueden y no hacer los funcionarios. Con respecto a las leyes de Adquisiciones y Obra Pública, todavía hay contratos que se otorgan sin licitación pública, situación que se anexa a la desaparición de los comités de Adjudicaciones y de Obras, los cuales estaban encargados de analizar y revisar las propuestas de las empresas.
En la Ley de Transparencia falta considerar la publicación de las propuestas y contratos de las licitaciones para conocer el monto y los términos en que se construye el proyecto o se adquiere un bien, así como para hacer comparaciones.
Ingrid Van Beuren, responsable del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, afirmó que la única manera de evitar tráfico de influencias es que la ciudadanía pueda conocer todos los procesos que impliquen el gasto de recursos públicos, así como definir plazos para que un ex funcionario pueda incorporarse a una empresa privada e impedir que venda información privilegiada.
Información estratégicaSobre el particular, el diputado perredista, Rodolfo Huerta Espinosa, consideró necesario instituir un periodo de por lo menos un año para que funcionarios de primer nivel se abstengan de incorporarse a una empresa, "con el fin de evitar que utilicen información estratégica".
Por ello, propuso un análisis de las leyes para lograr mayor regulación de las gestiones públicas; sin embargo, criticó que algunas iniciativas, como la de Servicio Civil de Carrera, estén obstaculizadas por la mayoría priista.
Miguel Ángel Ceballos López, diputado priísta, estuvo de acuerdo con definir plazos para que un ex funcionario de primer nivel pueda trabajar en el sector privado; incluso, planteó 18 meses. Por tanto, se comprometió a revisar la ley para proponer la reforma, así como las iniciativas relacionadas y transparentar toda entrega de recursos.
¿Todavía hay recurso público que se entrega sin licitación?
-Hay que reformar la ley porque cualquier recurso federal, estatal o municipal debe ser entregado correctamente, además de ser más estrictos en las licitaciones para evitar que se caiga en actos de corrupción.
El legislador reconoció la necesidad de publicar las propuestas de las empresas concursantes en las licitaciones, así como de sus estados financieros, experiencia y calidad, para elegir a la que ofrezca el mejor servicio.
Contralor designadoEn tanto, el líder de la bancada panista, Víctor León Castañeda, aseguró que lo urgente es la legislación en materia de Bienes Patrimoniales, que incluya la corroboración de la declaración patrimonial, así como la de sus familiares y amigos cercanos, "porque en muchas ocasiones las propiedades o empresas quedan en sus manos".
También dijo que se necesita la revisión de la ley que crea a la contraloría (Sedecap) para que su titular no sea designado por el Ejecutivo; "el contralor no va a poner en mal a la administración pública. Por ejemplo ha sido complaciente con el secretario de Salud (Roberto Morales) respecto a las irregularidades en las adquisiciones (de la dependencia)".
Para el diputado panista Raymundo García García, se evitará el tráfico de influencias si se aplica correctamente la ley. Desde su punto de vista, no es necesario hacer nuevas, sino reformar las que hay e instaurar una cultura de la legalidad.
Sobre los casos de ex funcionarios que pasan del sector privado al público, advirtió lagunas en la regulación, porque no se le puede prohibir a una persona que por ser empresaria no participe en el sector público. Más bien, se debe insistir en la transparencia.
García García expuso que en materia de obra pública los gobiernos parece que siguen beneficiando a determinadas constructoras cercanas al poder. Por último, habló de la asignación de notarías que, aunque ya cambió el proceso, todavía quedan dudas "y se han buscado formas de escamotear la ley porque el sexenio pasado se entregó una que dejó un notario a Carlos Arredondo Contreras, ex secretario de Gobernación".
Sueño de los justosJosé Juan Espinosa Torres, legislador de Convergencia, coincidió con sus compañeros sobre los plazos e instó al Congreso a revisar la iniciativa de ley que propuso sobre el Servicio Civil de Carrera. "Desde abril de 2005 la propuse y a estas alturas aún no se ha mostrado el interés de revisarla, cuando en otros estados es una prioridad en las agendas".
La iniciativa de ley, en poder de Síntesis, fue presentada el 21 de abril de 2005. Su principal objetivo es evitar el tráfico de influencias. "Los servidores, en caso de llevar a cabo correctamente su función, podrán continuar en la dependencia sin preocuparse en buscar otro trabajo después de su gestión, y, por tanto, evitando que se roben dinero o metan personas cercanas sin cubrir el perfil".
A su vez, Claudia Hernández Medina, diputada priísta, planteó necesario una mayor regulación en el tema; no obstante, es muy difícil, ya que existen muchas especificaciones, "no por ser empresario debes dejar de participar en la administración pública o puedes tener un negocio y no significa que lo adquiriste ilegalmente". Pero, se comprometió a reflexionar sobre el asunto.
También, aseguró que es importante retomar la iniciativa de ley del servicio civil de carrera para evitar el alto costo de la capacitación al estado, aunque desconoció si la propuesta es de esta o de la pasada legislatura.
Por último, cuestionada sobre la transparencia en las licitaciones y adjudicaciones con respecto al caso de la compra del Congreso local de la agua Fersan al empresario Gerardo Fernández Sánchez y hoy secretario de Desarrollo Económico, dijo que es por "la calidad y el precio que seguramente ofrece".
Por su parte, el presidente de la Gran Comisión, Pericles Olivares Flores, explicó que compran el agua Fersan por su precio competitivo.
¿Comprar agua Fersan motiva a la sociedad a pensar mal?
–Lo malo sería comprar muebles o papelería a un funcionario, porque el dinero que se gasta en la compra del agua es mínima.
Por último, para Olivares Flores es inviable la disposición de un tiempo en la ley para evitar que ex funcionarios de primer nivel se incorporen al sector privado porque se violarían sus garantías individuales.
Entonces, ¿cómo se asegura que no revelen información estratégica?
–Los ex funcionarios tienen el deber de no revelar información.
No obstante, reconoció que no sabe cómo se lograría comprobar en caso de que lo haga algún ex funcionario, sin regular al respecto. "Es muy difícil, alguien tendría que denunciarlo".
DesapariciónLa opacidad en la administración marinista empezó con la decisión legislativa de desaparecer los comités estatales de Obras y de Adjudicaciones. El Periódico Oficial del Estado publicó el acuerdo el 16 de marzo de 2005. La tarea del segundo organismo fue asumida por la SFA.
El Comité Estatal de Adjudicaciones se integraba por los sectores público, social, académico y privado con el fin de regular las licitaciones y adjudicaciones otorgadas. La extinción del órgano fue criticada por García García y Espinosa Torres, quienes consideraron que la mayoría priista tomó la decisión para no transparentar el manejo de recursos. "Nadie sabe las razones de otorgar los contratos a una u otra empresa; antes eran decisiones de un órgano con diferentes voces", remató el convergente.
La desaparición de Alfredo Jiménez
Plaza Pública / Eduardo Bours y los perros En vez de recibir con atención las revelaciones que acaso conduzcan a esclarecer el caso del periodista Alfredo Jiménez, desaparecido de Hermosillo pronto hará dos años, el gobernador de Sonora insulta a los informadores que hablan sobre el caso Miguel Ángel Granados Chapa Apenas en su sexto número, la revista mensual Contralínea/Sonora se ha visto obligada a cerrar. Sus dos reporteros abiertamente se declararon incapaces de enfrentar al gobierno estatal, encabezado por Eduardo Bours, y abandonaron su trabajo. No es para menos, al encargado de distribuir la revista, Mauricio Capdevielle, agentes policiacos estatales lo detuvieron hace un mes y tras sembrar droga en su vehículo y amenazarlo con procesarlo, se contentaron con que saliera de Hermosillo para nunca volver.El hermano de la víctima, Alejandro Capdevielle, resintió hace meses otras modalidades del abuso y la prepotencia del gobernador Bours, quien me dijo entonces (a propósito de una columna sobre el tema) que no era verdad que le incomodara la información publicada por el diario Cambio, sino que simplemente se negaba a satisfacer las peticiones el director del periódico, quien pretendía que el gobierno le entregara publicidad en montos y volúmenes semejantes a otras publicaciones con las que no podía compararse. Que eso no era verdad lo muestra el hecho actual de que Cambio, ahora parte de la Organización editorial mexicana (pues Capdevielle tuvo que ponerlo en venta) propiedad de Mario Vázquez Raña, recibe el trato negado a su antiguo editor, porque cesó la política editorial inquisitiva que lo caracterizó.El principal diario sonorense, El Imparcial, sufrió también la inquina de Bours contra la prensa. Tan pronto se puso en vigor la ley de transparencia en Sonora en agosto pasado, ese diario preguntó por el financiamiento estatal a organizaciones no gubernamentales. El gobierno rehusó ofrecer la información, pretextando razones de gobernabilidad. Una nota editorial, hecha como de paso, cuestionó si eso era motivo para la negativa. El gobernador se sintió agraviado por la pregunta, presumiendo mala fe en el comentario, y denunció penalmente a El Imparcial, aunque muy pronto se percató de la desmesura de su gesto: la Procuraduría depende de la casa de gobierno, por lo que el acusador estaba en condiciones de manejar la averiguación contra su acusado. Y retiró la denuncia, pero amenazó con ventilarla por la vía civil.La prensa de toda índole causa escozor a Bours. Hace tres semanas un airado comentario reveló su sentir al respecto: "Aquí no perseguimos a nadie, ni tienen los tamaños para ser perseguidos. Sabemos quién es el dueño de esos perros, no vamos a perseguir perros, no vamos a perseguir a nadie; es una campañita que no va sólo en contra del gobernador sino en contra del estado de Sonora".El gobernador se refería a un reportaje aparecido en Proceso sobre la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del que no se sabe hace cerca de dos años, pues la última vez que se tuvo noticia suya fue el 2 de abril de 2005. Sin dedicar una frase siquiera al fondo del problema, que es gravísimo por la desaparición misma y la sospecha de que el periodista ha sido asesinado, y también por la impunidad que protege a los autores de ése o esos delitos, Bours se limitó a descalificar encolerizado el texto periodístico.Ésta hacía revelaciones estremecedoras sobre la suerte de Jiménez, que al decir de un testigo protegido de la Procuraduría General de la República, un antiguo teniente de la policía local de Navojoa, Jesús Francisco Ayala Valenzuela, ha sido asesinado. Y más todavía: el encargado de ultimarlo habría sido muerto también. Se trata, en la versión de Ayala Valenzuela, que la ha formulado también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de otro agente policiaco, Juan Ausencio Félix Moroyoqui, cuyo cuerpo y el de sus compañeros y cómplices en el presunto asesinato de Jiménez, fueron hallados mes y medio después del homicidio del periodista en la desembocadura del drenaje en Ciudad Obregón.Irritó particularmente a Bours el que se diera crédito a quien calificó de enfermo, y que involucrara en la autoría del crimen del reportero a miembros de su gobierno, quienes pertenecen a un grupo político encabezado por el hermano del gobernador, Ricardo Bours, ex alcalde de la antigua Cajeme. Esos políticos y funcionarios se habrían coludido con el capo Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los números, o Los güeros, a quien afectaría la información que estaba por conseguir el periodista cuando fue hecho desaparecer.El irascible Bours dijo haber hablado con el procurador federal, Eduardo Medina-Mora, quien lo habría tranquilizado al responder que "no hay nada" contra esos funcionarios, lo cual por una parte no es novedoso pues en efecto "no ha habido nada" contra nadie en torno del crimen de Jiménez y, por otro lado, mostraría una celeridad pesquisitoria jamás vista en la PGR, pues apenas horas antes se habían revelado los nombres de aquellos a quienes implicó en esos sucesos criminales el ex teniente Ayala Valenzuela.Bours ha sido denunciado de modo formal ante el Ministerio Público federal por el abogado y periodista Álvaro Cepeda Neri, director que fue de Contralínea/Sonora. Lo acusa de ordenar que se obstruyera la circulación de esa revista "hasta llegar al extremo de secuestrar y apoderarse" de su número seis. Ese lance ocurrió, digo por mi parte, durante la ilegal detención de Mauricio Capdevielle y su chofer, Ricardo Ramírez, cuya salud se resintió por los efectos del episodio en que fue aprehendido sin causa ni orden judicial. Veremos si la PGR llama a Bours a que responda, así sea por escrito, a la denuncia en su contra, una de las varias que podrían enderezársele. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/edicionimpresa/notas/070213/editoriales/847010.htm Fecha de publicación: 2007-02-13
Ratificaré denuncia contra Roberto Marín: Martell
No me he vendido; ratificaré ante la PGR la denuncia por la agresión que sufrí: Martell
Martín Hernández Alcántara
Fuente: La Jornada de Oriente5 de febrero de 2007http://www.lajornadadeoriente.com.mx/El periodista Mario Martell Contreras desmintió los rumores difundidos desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno estatal de que habría aceptado sobornos para poder detener la denuncia penal que interpuso en la Procuraduría General de la República (PGR) por la agresión que sufrió por un guarura de Roberto Marín Torres, hermano del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres.
El informador, que retornará a la ciudad de Puebla mañana, concedió ayer una entrevista vía messenger a La Jornada de Oriente, en la que dijo que tuvo que salir de la entidad ante las presiones que recibió, incluso le hicieron temer por su vida y la de su familia.
Anunció que ratificará la querella que inició por el ataque sufrido, misma que está en ya en la Fiscalía Especial para Atención a Delitos contra Periodistas y que hará lo mismo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una de las intenciones, abundó, es que la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja del Congreso de la Unión también se aboque a la investigación del caso.
“Muchas organizaciones no gubernemantales, asociaciones de periodistas, académicos e intelectuales me apoyan. Tuve que salir de Puebla porque hubo muchas amenazas contra mí y contra mi familia, pero quiero decir que no tengo miedo, que no me he sentido solo porque mucha gente me acompaña. No me voy a vender, no lo haré, no he pensado hacerlo en ningún momento desde que esto empezó. Llegaré hasta las últimas consecuencias para hacer justicia”, declaró Martell Contreras.
Este fin de semana, el Centro Knight para el Periodismo en las Américas –una institución de desarrollo para informadores en el continente Americano, que hace un resumen semanal de noticias, resaltando aquellas en las que hay agresiones en contra de comunicadores– reprodujo una nota publicada en La Jornada, sobre el caso de Martell, la cual tituló “
Periodistas protestan y denuncian agresiones de hermano de gobernador a colega”.
El guarura si trabajó para Marín
El pasado viernes, Roberto Marín Torres, hermano del gobernador poblano, Mario Marín Torres, y secretario de organización del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, reconoció que Miguel Ángel Romero, el hombre que el pasado 25 de enero golpeó al periodista Mario Martell Contreras, cuando éste intentó entrevistar al dirigente, trabajó para él, pero que no ha sido su guarura.
Roberto Marín, quien no había acudido a actos públicos desde el día de la agresión contra Martell, afirmó que conoció al agresor a finales de la década pasada, cuando ambos trabajaban en la Dirección de Proyectos Productivos de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla, pero insistió en que Romero jamás le ha prestado sus servicios como guarura:
“Sí lo conozco, yo llegué en 1999 a Proyectos Productivos, y cuando llegue ahí trabajaba Miguel Ángel Romero. Estuve tres años ahí, a partir de mi salida como subordinado mío quedó ahí. Es un conocido, no tengo relación de amigo ni de familia y tengo entendido que se le había terminado su contrato el 30 de diciembre y quería platicar conmigo para que viera la forma de que lo contrtara”, aseveró en una entrevista que concedió a varios medios de comunicación locales.
Trascendió que Miguel Ángel Romero apenas fue dado de baja de la nómina de la Secretaría de Desarrollo Social la semana pasada, y que en su declaración ante la Procuraduría General de la República, donde acudió sin siquiera ser mencionado en la querella interpuesta por Mario Martell Contreras, culpó al cronista de los hechos, asegurando que éste lo empujó y que solamente respondió a ese ataque.
Roberto Marín aseguró que el Partido Revolucionario Institucional “no dispone de recursos para andar con personal de seguridad” y se deslindó de la golpiza que Romero le propinó a Martell, de la cual el informador resultó con el tabique nasal desviado.
“Hubo una confusión, tajantemente yo nunca he pedido seguridad y ni chofer en el partido no tenemos, ni el mismo presidente ni la Secretaria General, no disponemos de recursos para andar con seguridad”, aseguró.
Cabe recordar que Mario Martell y su pareja, Celina Peña, han afirmado que en las horas posteriores a la agresión, Roberto Marín Torres se apersonó en el hospital de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde convalecía el periodista, y le dijo que el ataque no había sido en su contra, sino dirigido a los “medios de comunicación que han atacado a la familia Marín”.
Roberto Marín se desdijo de dichas palabras y acotó: “Fui al hospital, platicamos y le dije: Mario tu eres mi amigo, tu me has apoyado, yo tengo buena relación con todos los medios, con nadie me he metido, le dije, imagínate, si los medios que se han metido con mi familia no les hemos hecho algo cómo es posible que con amigos como tú intentemos algo”.
De paso, reprochó el trato que le han brindado los contados medios de información locales que han dado cuenta de la agresión y sus consecuencias:
“Sin investigar, todos los periódicos (sic), sacaron (sic) que era mi guarura. Si son periodistas ¿por qué no investigan?, ¿por qué no checan? (sic), ¿por qué no verifican antes de sacar la nota? (sic)”, exclamó.
Las declaraciones de Roberto Marín Torres causaron molestia e indignación a Mario Martell y Celina Peña, quienes decidieron el día de ayer por la noche publicar la denuncia que interpuso en la Procuraduría General de la República el cronista, para que pueda ser consultada por los interesados y el público, en la siguiente dirección
http://blogprende.blogspot.com/.
Caso Martell
Sobre las versiones de funcionarios del gobierno del Estado de Puebla de que el Caso Martell "ya fue operado".
Luego de las agresiones recibidas el pasado 25 de enero en un acto del PRI por parte de la escolta de Roberto Marín Torres, hermano del gobernador de Puebla, y de las posteriores amenazas en mi contra:
La denuncia sigue en pie y la ratificaré ante la PGR.
Pediré la intervención del Congreso local- a través de la comisión del congreso de DH- para que frene la agresión en contra de periodistas en Puebla
No me he sentado, ni me sentaré a platicar con ningún funcionario de la administración estatal o dirigente del partido involucrado en el escándalo.
Celina Peña y Mario Martell agradecemos el respaldo de ONGS y periodistas de puebla y todo el pais, las llamadas telefónicas de nuestros amigos y colegas periodistas que se han preocupado honesta y solidariamente por nuestra situación.
Hemos recibido amenazas....
En concreto sobre las declaraciones de Roberto Marín Torres, hermano del gobernador de Puebla y secretario de organización del PRI, que fueron publicadas en diarios locales -
e.consulta.com y el portal
la quintacolumna - este fin de semana, aclaro lo siguiente:
Narró, que durante la visita del candidato a la dirigencia nacional del PRI, Javier Oliva Posada, Mario Martell se acerco a él para solicitarle una entrevista: “Le contesté que estaba sobre tiempo porque tenía unos pendientes de una gira y con todo gusto. Terminó el evento y estábamos coordinando la gira del fin de semana y me salí, la salida era muy estrecha y medio escuche mi nombre, Mario me hace una seña, yo iba con el teléfono y le comenté que ahorita la hacíamos. Me salí y ya no supe qué paso”. ....
RMT nunca me explicó que estaba "sobre el tiempo" y que con mucho gusto. Es falso que me haya comentado "ahorita la hacíamos".
La única respuesta que recibí fue un cabezazo.
...
Afirmó que él no estuvo presente durante la agresión y se enteró porque el propio Martell le informó sobre la agresión. “Mario más adelante me alcanza, y me dice: Oye Roberto mira cómo me dejaron tus guaruras, lo vi y sí tenía sangre en la nariz y le dije, perdóname Mario pero no sé de qué me hablas”, explicó.
...
Roberto Marin sí se encontraba durante la agresión. A menos de un metro de la agresion..
"
Fui, platicamos y le dije: Mario tu eres mi amigo, tu me has apoyado, yo tengo buena relación con todos los medios, con nadie me he metido, le dije, imagínate, si los medios que se han metido con mi familia no les hemos hecho algo cómo es posible que con amigos como tu intentemos algo”,
Eso es falso.
Dijo que la agresión no era algo personal sino en contra de los medios de comunicación porque han tratado muy mal a la familia Marín la cual ha trabajo con muchas ganas para llegar a dónde está.
...
http://www.laquintacolumna.com.mx/2007/febrero/monitoreo/temporal05.htmlEl pasado 25 de enero, Mario Martell fue golpeado por equipo de seguridad de Roberto Marín, cuándo el periodista intentaba entrevistar al hermano del gobernador por su nuevo cargo en el tricolor.
—¿Conocía a la persona que golpeó a Mario?— se le preguntó
—Sí, sí lo conocía. Eso es importante, llegué en el 99 a Proyectos Productivos y ahí trabajaba esta persona Miguel Ángel Romero, yo estuve tres años ahí y a partir de mi salida, como mi subordinado mío quedó ahí. Es un conocido, no tengo relación de amigo, de familia. Tengo entendido que se le había terminado su contrato el 30 de diciembre y quería platicar conmigo para que yo lo contratara.
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