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Retomarán legisladores debate sobre servicio público de carrera

Tania Damián Jiménez

Luego de dejar el servicio público o incluso cuando todavía cobran su sueldo al erario, algunos personajes toman decisiones que no se ven bien ante la sociedad; aunque aún sin consecuencias legales. A nivel nacional: el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue contratado como asesor de varias firmas trasnacionales; el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ya trabaja para el banco HSBC y el ex senador panista Diego Fernández de Cevallos defendía a varias empresas al mismo tiempo que se desempeñaba como legislador.
En el ámbito estatal también hay casos: el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario Riestra Venegas, asesoró a una empresa privada al terminar su periodo; Antonio Zarain García, cuando encabezaba la Sedeco, cerró su empresa Segusino a espaldas de sus empleados; José Doger Corte y Enrique Agüera Ibáñez abrieron escuelas de educación superior incorporadas a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuando formaban parte de la administración central de la máxima casa de estudios. Hay ejemplos de todos tamaños. En este sexenio, la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Gerardo Fernández Sánchez, vende agua de su empresa Fersan al Congreso local y a la Sedecap, y si bien no es un delito, ni siquiera una falta administrativa, la gente sospecharía de la transparencia en la transacción tan sólo por tratarse de un funcionario.
Un capítulo aparte merecen las notarías repartidas a finales de cada sexenio. Las muestras pueden encontrarse tan sólo con leer los nombres en la Sección Amarilla: Carlos Palafox Vázquez, Carlos Meza Viveros, Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres, Héctor Jiménez y Meneses…

Urge análisis
Al respecto, diputados locales de distintos partidos coincidieron en la urgencia de revisar las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de Obra Pública, de Adquisiciones y de Transparencia y Acceso a la Información, con el fin de evitar el tráfico de influencias, así como el uso de información estratégica para favorecer a particulares.
Según la investigación de Síntesis, hay varios huecos en las normas. En la Ley de Responsabilidades hace falta mayor difusión sobre lo que pueden y no hacer los funcionarios. Con respecto a las leyes de Adquisiciones y Obra Pública, todavía hay contratos que se otorgan sin licitación pública, situación que se anexa a la desaparición de los comités de Adjudicaciones y de Obras, los cuales estaban encargados de analizar y revisar las propuestas de las empresas.
En la Ley de Transparencia falta considerar la publicación de las propuestas y contratos de las licitaciones para conocer el monto y los términos en que se construye el proyecto o se adquiere un bien, así como para hacer comparaciones.
Ingrid Van Beuren, responsable del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, afirmó que la única manera de evitar tráfico de influencias es que la ciudadanía pueda conocer todos los procesos que impliquen el gasto de recursos públicos, así como definir plazos para que un ex funcionario pueda incorporarse a una empresa privada e impedir que venda información privilegiada.

Información estratégica
Sobre el particular, el diputado perredista, Rodolfo Huerta Espinosa, consideró necesario instituir un periodo de por lo menos un año para que funcionarios de primer nivel se abstengan de incorporarse a una empresa, "con el fin de evitar que utilicen información estratégica".
Por ello, propuso un análisis de las leyes para lograr mayor regulación de las gestiones públicas; sin embargo, criticó que algunas iniciativas, como la de Servicio Civil de Carrera, estén obstaculizadas por la mayoría priista.
Miguel Ángel Ceballos López, diputado priísta, estuvo de acuerdo con definir plazos para que un ex funcionario de primer nivel pueda trabajar en el sector privado; incluso, planteó 18 meses. Por tanto, se comprometió a revisar la ley para proponer la reforma, así como las iniciativas relacionadas y transparentar toda entrega de recursos.
¿Todavía hay recurso público que se entrega sin licitación?
-Hay que reformar la ley porque cualquier recurso federal, estatal o municipal debe ser entregado correctamente, además de ser más estrictos en las licitaciones para evitar que se caiga en actos de corrupción.
El legislador reconoció la necesidad de publicar las propuestas de las empresas concursantes en las licitaciones, así como de sus estados financieros, experiencia y calidad, para elegir a la que ofrezca el mejor servicio.

Contralor designado
En tanto, el líder de la bancada panista, Víctor León Castañeda, aseguró que lo urgente es la legislación en materia de Bienes Patrimoniales, que incluya la corroboración de la declaración patrimonial, así como la de sus familiares y amigos cercanos, "porque en muchas ocasiones las propiedades o empresas quedan en sus manos".
También dijo que se necesita la revisión de la ley que crea a la contraloría (Sedecap) para que su titular no sea designado por el Ejecutivo; "el contralor no va a poner en mal a la administración pública. Por ejemplo ha sido complaciente con el secretario de Salud (Roberto Morales) respecto a las irregularidades en las adquisiciones (de la dependencia)".
Para el diputado panista Raymundo García García, se evitará el tráfico de influencias si se aplica correctamente la ley. Desde su punto de vista, no es necesario hacer nuevas, sino reformar las que hay e instaurar una cultura de la legalidad.
Sobre los casos de ex funcionarios que pasan del sector privado al público, advirtió lagunas en la regulación, porque no se le puede prohibir a una persona que por ser empresaria no participe en el sector público. Más bien, se debe insistir en la transparencia.
García García expuso que en materia de obra pública los gobiernos parece que siguen beneficiando a determinadas constructoras cercanas al poder. Por último, habló de la asignación de notarías que, aunque ya cambió el proceso, todavía quedan dudas "y se han buscado formas de escamotear la ley porque el sexenio pasado se entregó una que dejó un notario a Carlos Arredondo Contreras, ex secretario de Gobernación".

Sueño de los justos
José Juan Espinosa Torres, legislador de Convergencia, coincidió con sus compañeros sobre los plazos e instó al Congreso a revisar la iniciativa de ley que propuso sobre el Servicio Civil de Carrera. "Desde abril de 2005 la propuse y a estas alturas aún no se ha mostrado el interés de revisarla, cuando en otros estados es una prioridad en las agendas".
La iniciativa de ley, en poder de Síntesis, fue presentada el 21 de abril de 2005. Su principal objetivo es evitar el tráfico de influencias. "Los servidores, en caso de llevar a cabo correctamente su función, podrán continuar en la dependencia sin preocuparse en buscar otro trabajo después de su gestión, y, por tanto, evitando que se roben dinero o metan personas cercanas sin cubrir el perfil".
A su vez, Claudia Hernández Medina, diputada priísta, planteó necesario una mayor regulación en el tema; no obstante, es muy difícil, ya que existen muchas especificaciones, "no por ser empresario debes dejar de participar en la administración pública o puedes tener un negocio y no significa que lo adquiriste ilegalmente". Pero, se comprometió a reflexionar sobre el asunto.
También, aseguró que es importante retomar la iniciativa de ley del servicio civil de carrera para evitar el alto costo de la capacitación al estado, aunque desconoció si la propuesta es de esta o de la pasada legislatura.
Por último, cuestionada sobre la transparencia en las licitaciones y adjudicaciones con respecto al caso de la compra del Congreso local de la agua Fersan al empresario Gerardo Fernández Sánchez y hoy secretario de Desarrollo Económico, dijo que es por "la calidad y el precio que seguramente ofrece".
Por su parte, el presidente de la Gran Comisión, Pericles Olivares Flores, explicó que compran el agua Fersan por su precio competitivo.
¿Comprar agua Fersan motiva a la sociedad a pensar mal?
–Lo malo sería comprar muebles o papelería a un funcionario, porque el dinero que se gasta en la compra del agua es mínima.
Por último, para Olivares Flores es inviable la disposición de un tiempo en la ley para evitar que ex funcionarios de primer nivel se incorporen al sector privado porque se violarían sus garantías individuales.
Entonces, ¿cómo se asegura que no revelen información estratégica?
–Los ex funcionarios tienen el deber de no revelar información.
No obstante, reconoció que no sabe cómo se lograría comprobar en caso de que lo haga algún ex funcionario, sin regular al respecto. "Es muy difícil, alguien tendría que denunciarlo".

Desaparición
La opacidad en la administración marinista empezó con la decisión legislativa de desaparecer los comités estatales de Obras y de Adjudicaciones. El Periódico Oficial del Estado publicó el acuerdo el 16 de marzo de 2005. La tarea del segundo organismo fue asumida por la SFA.
El Comité Estatal de Adjudicaciones se integraba por los sectores público, social, académico y privado con el fin de regular las licitaciones y adjudicaciones otorgadas. La extinción del órgano fue criticada por García García y Espinosa Torres, quienes consideraron que la mayoría priista tomó la decisión para no transparentar el manejo de recursos. "Nadie sabe las razones de otorgar los contratos a una u otra empresa; antes eran decisiones de un órgano con diferentes voces", remató el convergente.

posted by I H. Romero @ 9:08 a.m.