La Fundación Prensa y Democracia México AC, manifiesta su rechazo a la agresión contra el cronista del diario Intolerancia de la ciudad de Puebla y ex becario nuestro Mario Martell Contreras.
Ante la Delegación en Puebla de la PGR, Mario Martell denunció haber sido golpeado, con Héctor Hugo Cruz, del periódico Cambio, mientras realizaban una cobertura periodística, por el escolta de Roberto Marín Torres, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI y hermano del actual gobernador del estado, Mario Marín Torres.
En la denuncia hecha por Mario Martell ante el Ministerio Público Federal, estuvieron presentes también los visitadores María de Lourdes Larrieta y José Juan Alonso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como Guadalupe Castillo y Gabriel Lara, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Convencidos de que la violencia contra periodistas vulnera el derecho de libre expresión, así como el ejercicio del periodismo de calidad que la democracia requiere, la Fundación Prensa y Democracia México AC expresa su apoyo a Héctor Hugo Cruz y Mario Martell.
Una democracia de calidad requiere información de calidad.
Fundación Prensa y Democracia México,
Ciudad de México, 29 de enero de 2007.
golpean a periodista
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2007/01/26/puebla/pue403.phpLos guaruras de Roberto Marín Torres le fracturan la nariz a un periodista
Martín Hernández Alcántara/
El periodista Mario Martell fue golpeado ayer por guaruras de Roberto Marín Torres, hermano del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres. Los hechos sucedieron cuando el cronista del diario Intolerancia y otro colega intentaban entrevistar al familiar del titular del Poder Ejecutivo, pero su equipo de seguridad se los impidió violentamente.
Según información recabada al cierre de la presente edición, de la golpiza propinada por los guardaespaldas Martell resultó con la nariz fracturada. Otro reportero, Héctor Hugo Cruz, del periódico Cambio, también fue maltratado por los guaruras.
Los hechos sucedieron al final de un acto del Partido Revolucionario Institucional en el que se iba a conocer la propuesta de Javier Oliva. Martell y Cruz quisieron entrevistar a Roberto Marín, pero sus guaruras les cerraron el paso. Hubo una discusión y los empleados de seguridad arremetieron contra los periodistas, el más lastimado fue Martell.
Mientras los guardaespaldas agredían a los informadores, Roberto Marín se alejó del sitio. Luego regresó. Martell le reclamó por la golpiza, pero el hermano del gobernador le respondió: “Yo no vi nada”.
Al parecer, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Valentín Meneses Rojas, arribó poco después al lugar de los hechos y se llevó a Martell al hospital de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
En el gremio de informadores de Puebla hay una percepción generalizada de que el gobernador y algunos de sus colaboradores y familiares los han maltratado, sobre todo porque en los primeros meses de la crisis que protagoniza Mario Marín Torres por su participación en la conjura contra la periodista Lydia Cacho, el mandatario echó mano de un fuerte equipo de seguridad que impedía que reporteros y fotoperiodistas se le acercaran.
En los hechos de ayer también llamó la atención la presencia de guaruras, pues hasta hace poco todos los actos del PRI carecían de cuerpos de seguridad privada y casi cualquier militante podía acercarse a los dirigentes y líderes de ese instituto político.
Al cierre de la edición no había una reacción del Partido Revolucionario Institucional sobre la agresión sufrida por el periodista Mario Martell.
Amenaza a periodista
Puebla, Puebla a 26 de enero de 2007.
A la opinión pública,
A los organismos defensores de derechos humanos,
A los medios de comunicación,
A los gobiernos del Estado de Puebla y Federal:
NUEVO ATAQUE A LA LIBERTAD DE PRENSA.
El día de ayer, 25 de enero de 2007, por la noche, tras una conferencia de prensa en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de Puebla, el cronista de Intolerancia Diario, Mario Martell, fue golpeado al intentar cumplir con su labor periodística. Martell sufrió una fractura en la nariz resultado del cabezazo que recibió del equipo de seguridad de Roberto Marín Torres, hermano del Gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, y Secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI poblano.
Los abajo firmantes estamos indignados ante la impunidad existente en el Estado de Puebla. Nos preocupa gravemente la naturalidad y el cinismo con los que diversos funcionarios públicos y personajes políticos del Estado atentan contra las libertades más fundamentales de la ciudadanía y cometen flagrantes violaciones a los derechos humanos día con día. Es inadmisible que este tipo de agresiones, por parte de los gobernantes del Estado de Puebla y sus familiares, sean constantemente dirigidas con plena impunidad en contra de aquellos que desarrollan una labor crítica en el ejercicio del periodismo.
La reprobable agresión que sufrió el día de ayer, 25 de enero de 2007 el periodista de Intolerancia Diario, Mario Martell, al impedírsele de manera violenta cumplir con su labor informativa, resultando con fractura nasal, se inscribe en el contexto de diversos ataques y persecuciones a la libertad de prensa que ha llevado a cabo el gobierno poblano, directa o indirectamente. Este acto violento, se suma a la enorme lista de evidentes violaciones a la libertad de expresión que cometen impunemente las autoridades estatales y sus aliados políticos y económicos.
Los abajo firmantes, colectivos e individuos, condenamos enérgicamente este nuevo ataque contra la libertad de prensa en el Estado, sufrido, en esta ocasión, por Mario Martell.
Por lo anterior, exigimos a las autoridades:
1.- Sea respetado el ejercicio de la libre expresión y la libertad de información en el Estado.
2.- Sean respetadas las garantías individuales del periodista Mario Martell y se de curso a la denuncia penal presentada el día de hoy. Así como el esclarecimiento de los hechos en que se vio lesionado el periodista Mario Martell, y el castigo a los culpables -materiales e intelectuales- de este deleznable acto.
4.- El cese inmediato de la persecución y agresión contra los periodistas en el Estado de Puebla, el respeto al estado de derecho y la vigencia de las garantías y libertades fundamentales.
Etiquetas: Gober Precioso, Mario Marín, Periodismo
Curas pederastas
- 30% de los curas comete abuso sexual
Tania Damián
t.damian@prende.org.mx
* En 55 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres mayores de edad, una tercera parte niños y el resto hombres * En 90 por ciento de las situaciones hay elementos para proceder judicialmente; sin embargo, la mayoría de las veces las víctimas no quieren * Casi 95 por ciento de los ilícitos cometidos en el país es desconocido por falta de denuncia: ICESI
Puebla, Puebla.— Ante la ley todos son iguales; sin embargo, resulta muy difícil castigar a los sacerdotes por la comisión de un delito, en un país mayoritariamente católico. Y es que si 95 por ciento de los ilícitos perpetrados es desconocido por el Ministerio Público, porque no produce denuncia –según la tercera encuesta del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI)–, pues este indicador llega a niveles de casi imposible cuando el criminal es ministro de culto.
Según el Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR) y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano de México (ICM), casi 30 por ciento de los 14 mil sacerdotes que hay en México comete algún tipo de abuso sexual con su feligresía. En más de la mitad (55 por ciento) de los casos, las víctimas son mujeres mayores de edad, una tercera parte niños y el resto hombres.
Jorge Erdely, director académico del ICM, dijo que en esta cifra están incluidos los fieles que no denuncian por temor o vergüenza. “El problema es que la mayoría de casos se quedan en la impunidad, sea por los privilegios del clero o porque la gente no se atreve a denunciarlos”.
En Puebla, los porcentajes no pueden ser distintos, ya que es una situación que existe por la misma dinámica de represión y aislamiento sicológico impuestos por la iglesia a sus ministros.
De acuerdo con Jorge Erdely, en 90 por ciento de los casos de abuso sexual hay elementos para proceder judicialmente; sin embargo, la mayoría de las veces, las víctimas no quieren. “Sé que es difícil, pero esto debe de cambiar para obligar a la Iglesia a ser ética y transparente”.
Apoyo a víctimasPor su parte, Aidé García Hernández, coordinadora de Políticas Públicas de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), consideró que deben ser sancionados los sacerdotes que incurran en abuso sexual “porque la justicia tiene que estar de lado de las víctimas”.
En entrevista solicitó al poder eclesiástico su cooperación para el esclarecimiento de este tipo de casos; además de dejar de ocultar a los sacerdotes que incurran en abuso sexual.
“Lo que debe de hacer la Iglesia es retirar a sus ministros que incurran en abuso sexual o en otro tipo de delitos como extorsión, fraude e intromisión política, además de ayudar a que sean procesados penalmente”.
No obstante, reclamó la negligencia en el caso del padre Nicolás Aguilar Rivera, pues el actual cardenal Norberto Rivera Carrera, antes obispo de Tehuacán, Puebla, sabía de los abusos sexuales que cometió en la localidad San Sebastián Cuacnopalan, Tehuacán, y lo único que hizo (con el conocimiento del arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca y Pacheco) fue aceptar su cambio a Los Ángeles, California, Estados Unidos.
“La Iglesia debe de modificar su actuar por el daño que se ocasiona, además de que de no ser así, las consecuencias serán para la misma institución, pues cada vez más personas se alejarán de la religión católica”.
Asimismo, García Hernández recriminó la actitud de la Iglesia de desconocer a las víctimas, descalificando y asegurando que lo hacen por dinero. “Las víctimas no quieren dinero, quieren que ya no existan este tipo de abusos”.
Por último dijo que los tribunales católicos, en donde se dirimen ese tipo de casos, no son transparentes y en lugar de que apliquen justicia, funcionan como instrumentos para encubrir conductas delictivas “en nombre de la buena imagen de la Iglesia”.
Error de la IglesiaSobre el particular, Fernando Fernández Font, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, consideró un error de Rivera Carrera dejar que Nicolás Aguilar siguiera en el sacerdocio, cuando presuntamente cometía abuso sexual “por el daño que se le genera a las víctimas”.
Aunque también reconoció que para la Iglesia era difícil tomar esta decisión, por dos cosas: su imagen y su postura de perdonar, tratando de ayudar, en lugar de señalar.
Pero, ¿si las acciones son graves, como el caso de abuso sexual?
—En esos casos sí, sobre todo si se sabe que existe reincidencia por el grave daño que se ocasiona.
Fernández Font dijo que el actual cardenal, en lugar de cambiar al padre Nicolás de templo, debió haberle prohibido continuar en el ejercicio sacerdotal. Aunque el sacerdote jesuita reconoció la existencia de casos de abuso de poder y sexual de parte de jerarcas eclesiásticos “a quienes les falta vocación”, también pidió a la gente evitar la hipocresía al exigir a otros lo que no están dispuestas a dar.
“Lo que he dicho no es una ofensa para nadie. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Es cierto que del sacerdote se espera más por su supuesta solvencia moral que debe tener; pero te quiero decir que la mitad de los delitos relacionados al abuso sexual los cometen los mismos familiares de la víctima”.
Para él, significa un error grave la acción de encubrimiento de la jerarquía eclesiástica a sacerdotes que lleguen a abusar de su poder, porque “al fin y al cabo a quien le va mal es a la misma Iglesia porque las personas ya no son como antes”. Por último, instó al Vaticano a ser más receptivo y leal con sus fieles y a estar más alertas con su religión.
Sin consideracionesSegún la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, no hay consideraciones o trato preferencial hacia los ministros de la religión, en caso de que cometan actos delictivos.
“Lo que se sanciona, por ejemplo, es la minoría de edad en el caso de la corrupción de menores, pero lo mismo da que sea sacerdote, maestro, plomero, médico o arquitecto”.
Por otro lado, la funcionaria dijo desconocer casos de denuncias en la PGJE contra sacerdotes por delitos relacionados a abuso sexual aparte de las promovidas contra los curas Rafael Sánchez Pérez y Nicolás Aguilar Rivera.
No obstante, fuentes consultadas en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la PGJE, revelaron que en la dependencia se promueven por los menos dos por año. “Pero generalmente no se le da seguimiento judicial, parece que por temor o porque se llega a un acuerdo antes entre el acusador y el acusado”.
En entrevista, Villeda Martínez explicó que la Procuraduría sólo espera las denuncias para iniciar las averiguaciones previas, “porque si no existen denuncias cómo quieren que se inicien las investigaciones”.
Argumentó que por la falta de denuncias se han procesado judicialmente a muy pocos sacerdotes; por lo que instó a las personas a realizar sus acusaciones. “Sólo es cosa de que las víctimas se decidan”, aseguró, aunque, sin considerar la dificultad intrínseca de denunciar un delito sexual y de que el implicado sea un ministro religioso.
Respecto a la localización del presbítero Nicolás Aguilar, explicó que no ha sido detenido porque falta denuncia, investigación y por tanto, orden de aprehensión en Puebla. “Si existe una investigación penal en su contra en Estados Unidos, entonces se trabaja directamente con la PGR y nosotros sólo actuamos en colaboración”.
Cuestionada ante la presunta negligencia del Ministerio Público de Tehuacán en 1997, cuando probablemente el sacerdote Nicolás Aguilar cometió abusos sexuales, dijo que ella “sólo puede responder sobre lo que pasa durante su periodo”.
Por último, ¿cómo cree que se pueda revertir esta realidad de abusos sexuales?
—Lo único que se puede hacer es trabajar en la prevención como lo hemos hecho en la Procuraduría con la presentación en las escuelas de la obra de teatro Los ositos valientes, con el fin de que los niños aprendan a cuidarse y a denunciar.
